Jurisprudencia · obligatoria · Primera Sala

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. TRATÁNDOSE DE DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, EL MONTO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DEBE INCLUIRSE EN LA GARANTÍA QUE SE FIJE PARA SU OTORGAMIENTO.

Tesis
1a./J. 13/2012 (10a.)
Registro digital
2000601
Época
Décima Época
Materia
Penal

El artículo 799 del mencionado código, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1994, establece que para conceder el beneficio de la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá la reparación del daño y las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; lo cual, como se puede advertir de la exposición de motivos de la reforma de referencia, fue llevada a cabo con el propósito de ajustar las disposiciones del Código de Justicia Militar a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, de su apartado A. Asimismo, en la fracción IV, del apartado B, del artículo 20 constitucional, se establece expresamente como un derecho fundamental de la víctima el que se le repare el daño, por lo que establece, cuando proceda, la obligación para el Ministerio Público de solicitar la reparación del daño y que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Así entonces, acorde con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, el monto que se fije para poder gozar del beneficio de libertad caucional, necesariamente deberá comprender el monto estimado de la reparación del daño. Esto, sin que resulte obstáculo a lo anterior lo que dispone el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que si bien no soslaya la reparación del daño, remite a otra vía para hacerla efectiva; toda vez que debe atenderse a lo que establece la Norma Fundamental, que precisa que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Precedentes: Contradicción de tesis 341/2011. Suscitada entre el Segundo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. Tesis de jurisprudencia 13/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012; Tomo 1; Pág. 610

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