Los artículos 6o., 61, 62 y 63, fracciones II, III, VIII y XI, 78, 79 y 80 de la abrogada Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal regulan las atribuciones, facultades y responsabilidades que les corresponden a los Jueces Cívicos, entre ellas: contar con personal sujeto a sus órdenes; dirigir administrativamente las labores del juzgado en el que se encuentran laborando, tanto del personal que lo integra como de los elementos policiacos adscritos a él, todos ellos bajo sus órdenes y responsabilidad de acuerdo a la función que a cada uno les encomienda; resolver lo relativo a la responsabilidad o no de los infractores que les son consignados e, inclusive, aplicar las sanciones correspondientes establecidas en dicho ordenamiento legal que los rige, así como determinar la condonación de sanciones, siguiendo los lineamientos que el Consejo de Justicia Cívica haya determinado, a instancia de los infractores, supervisados también por dicho consejo. En ese entorno legal, se concluye que dichos funcionarios se encuentran regulados en el supuesto normativo del artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y por ello deben considerarse como empleados de confianza, sin que por eso exista la obligación patronal de acreditar fehacientemente las funciones que realizan al estar delimitadas en la ley específica.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes:
Amparo directo 842/2012. Jefe Delegacional del Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza. 6 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Ramón Eusebio García Rodríguez. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012; Tomo 3; Pág. 1909