Las controversias que surjan de la relación administrativa que guardan los miembros de las instituciones policiales, que cuentan con un grado en términos de la ley o reglamento que las rige, debe ser resuelta por una autoridad en esa materia, con independencia de las labores que dichos funcionarios realicen dentro de la institución. Esto es así, porque el rango o grado forma parte del sistema jerárquico para establecer la escala de mando en las fuerzas armadas, policiales u otras organizaciones armadas o uniformadas, por ende, dicha figura sólo puede ser analizada desde la óptica del derecho administrativo. En ese orden de ideas, contar con un grado o rango implica ubicarse en un sitio dentro de la estructura jerárquica del Estado conferida a alguna rama relacionada con la seguridad nacional, de tal manera que no es acertado atender a las funciones que esos funcionarios desempeñen para establecer si la competencia es laboral o administrativa, sino a la investidura inherente al rango que como autoridades ostentan en términos de las leyes y reglamentos que rigen a la institución, pues no se está dilucidando si las actividades que la quejosa realiza son las de un trabajador de base o de confianza, ya que, con independencia de éstas, al tener un grado, forma parte del sistema jerárquico de una institución policial.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes:
Amparo en revisión 71/2013. Laura Olivia Hernández López. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio Aguilera Troncoso. Secretario: Miguel Ángel Reynaud Garza. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013; Tomo 3; Pág. 1746