La industria penitenciaria es entendida como un mecanismo mediante el cual se busca consolidar diversas actividades productivas e industriales, con la participación de empresas privadas, en los centros penitenciarios federales, a efecto de generar oportunidades de empleo para las personas en reclusión; por tanto, la restricción contenida en el artículo 6o., párrafo penúltimo, de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para el acceso a la industria penitenciaria de los reclusos sentenciados por delincuencia organizada o de quienes requieran medidas especiales de seguridad, no es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que aquélla constituye sólo un modo de ejercer el trabajo penitenciario como forma de reinserción social. Precedentes: Acción de inconstitucionalidad 24/2012. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 14 de mayo de 2013. Mayoría de diez votos; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
El Tribunal Pleno, el siete de noviembre en curso, aprobó, con el número 33/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil trece. Localización: [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 1, Diciembre de 2013; Tomo I; Pág. 47