La restricción mencionada, relativa a la presentación de un formato simplificado sólo para determinados concesionarios, está directamente vinculada con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio de rectoría de la economía, que consiste en la actividad del Estado para regir, dirigir o conducir la economía del país, a través del ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas, como las previstas en los diversos preceptos 28 y 134 constitucionales, que corresponden transversalmente a todas las autoridades para beneficiar a los consumidores y, de ahí, determinar el mejor uso, aprovechamiento y explotación que se le pueda dar a un bien de dominio público de la Nación (como es el espectro radioeléctrico) y, cuidar, además de evitar o prevenir, prácticas anticompetitivas, como es el caso de los subsidios cruzados entre los servicios y el trato discriminatorio en su prestación, en virtud de que ésta sólo se cumple mediante los registros contables separados por servicios, mas no por concesión, a fin de fomentar que los mercados en competencia optimicen precios y calidad de servicios. Por tanto, dicha restricción satisface el principio de interés público, al perseguir el bien común.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Precedentes:
Amparo en revisión 28/2014. Alvafig, S.A. de C.V. y otras. 16 de octubre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 16, Marzo de 2015; Tomo III ; Pág. 2452