Cuando la entidad gubernamental aduzca cuestiones presupuestales como impedimento para cumplir con una obligación surgida por la comisión de un hecho ilícito, le corresponde acreditar dichas cuestiones y justificar su relación con el caso concreto, máxime cuando, en términos estrictamente normativos, no resulte evidente la existencia de alguna razón jurídica que respalde dicha posición. Por tanto, esa carga comprende el deber de especificar qué servicios públicos se pondrían en riesgo y la razón por la cual el monto para el pago de la indemnización tendría que obtenerse precisamente de esas partidas presupuestales. En caso de incumplir con la carga antes descrita, los argumentos del Estado resultarán inoperantes, pues se asumirán como surgidos de hipotéticas afectaciones a la ciudadanía.
PRIMERA SALA
Amparo directo 51/2015. 3 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 67
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: