ARTÍCULO 255. Se impondrán de dos a cinco años de prisión, y multa por un importe equivalente de sesenta a trescientas unidades de medida y actualización, al que para obtener un beneficio o causar un perjuicio falsifique o altere un documento público o privado, físico o electrónico, autorizado con firma autógrafa o electrónica certificada o consigne en él un hecho falso.
La misma sanción se impondrá al que a sabiendas haga uso de un documento, físico o electrónico, falso.
(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016)