Artículo 73.- El órgano jurisdiccional, de oficio o a petición de parte, oyendo siempre el parecer del Procurador General de Justicia del Estado, podrá al dictar sentencia, prescindir de la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad, o podrá sustituirla por una medida de seguridad cuando resulte innecesaria e irracional, en virtud de que el sujeto activo: a) Haya sufrido consecuencias graves en su persona con motivo del delito cometido; b) Sea mayor de 60 años y presente senilidad avanzada; o c) Se encuentre en estado precario de salud, según se acredite con dictámenes médicos oficiales.
Las penas de reparación del daño y sanción pecuniaria quedan excluidas de esta disposición y tendrán que cubrirse previamente para la procedencia de lo dispuesto en este artículo.