Artículo 10.- En el estado de Tabasco se considera de utilidad pública en materia de movilidad:
I. La prestación de servicio público de transporte de personas, de transporte de carga y de distribución de bienes y mercancías, cuya obligación de proporcionarlo corresponde originariamente al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Movilidad misma que previo cumplimiento con las exigencias normativas, podrá otorgarlos a las personas, mediante concesiones o permisos, encomendándoles la realización de dichas actividades, en términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas;
II. El establecimiento de infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar necesarios para la prestación eficiente del servicio público;
III. Los derechos de los usuarios;
IV. La señalización vial y nomenclatura;
V. La prestación temporal por parte del Poder Ejecutivo del Estado, directamente o a través de particulares, del servicio de transporte público por faltar el concesionario o permisionario a los principios, condiciones y requisitos a que deben sujetarse;
VI. La capacitación y certificación de los choferes u operadores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público; 10
VII. La observancia de jurisdicción, rutas, itinerarios, frecuencias, horarios y tarifas;
VIII. El auxilio por parte de los prestadores de los servicios de transporte y de los choferes u operadores de sus vehículos a las autoridades federales, estatales o municipales, cuando así se requiera en situaciones de emergencia, por circunstancias de desastres, sanitarias, de protección civil o de seguridad pública;
IX. Las banquetas completas y libres para uso del peatón y de las personas que utilizan ayuda técnica por su condición de discapacidad o movilidad limitada; y
X. Los demás que se establezcan en la presente Ley, su Reglamento y demás normatividad jurídica aplicable.
Para efectos de lo dispuesto en la fracción V de este artículo, se deberá notificar dicha circunstancia al concesionario o permisionario correspondiente con 5 días hábiles de anticipación, salvo cuando por casos de urgencia e interés público se requiera efectuar la prestación temporal del servicio de transporte público de manera inmediata.